En los últimos años, varios países de Latinoamérica han experimentado de manera paulatina una transformación en su matriz energética debido a la incorporación de fuentes renovables de energía, sin embargo, esta transición energética supone grandes retos en cuestión de estabilidad y confiablidad del sistema ya que cualquier variación climática implica un riesgo para el equilibrio entre oferta y demanda, lo que puede suponer fallos e interrupciones en el servicio. Lo anterior en adición a la preocupación por lograr la eficiencia y sostenibilidad energética, así como la descentralización de la producción, han hecho que las políticas energéticas se encaminen a superar y afrontar todos estos retos para mejorar el sistema y servicio eléctrico.
En consecuencia, el termino gestión de la demanda ha tomado cada vez mayor relevancia, ya que este modelo se extiende desde la implementación de políticas energéticas, la mejora de la eficiencia energética, la tarificación inteligente de energía, la producción descentralizada, hasta el uso de sistemas sofisticados para el control en tiempo real de los recursos energéticos. Pero a que refiere el termino de gestión de la demanda (DSM por sus siglas en inglés), este refiere a un conjunto de acciones, programas y tecnologías para administrar de forma sostenible el consumo de energía desde el lado de la demanda. En adición, los programas de eficiencia energética y de respuesta a la demanda (demand response) hacen parte de esas actividades que se conocen como DSM.
Por otra parte, es relevante mencionar que los avances tecnológicos en temas como la computación en la nube y los hogares inteligentes han hecho que los programas de gestión de la demanda sean técnicamente viables, y que puedan mejorarse a partir de las aplicaciones surgidas de la ciencia de los datos (Big Data) y la inteligencia artificial. Adicionalmente, las herramientas tecnológicas han hecho posible descubrir y desarrollar nuevas oportunidades de negocio a través del uso de los datos de los usuarios, lo que impulsaría modelos de gran beneficio para los clientes y el mercado.
A continuación, haremos un breve recorrido de lo que ha venido pasando en relación con eficiencia energética, generación distribuida, respuesta a la demanda y demás categorías en el marco de gestión de la demanda en algunos países de Latinoamérica.
Chile
En Chile las políticas relacionadas a gestión de la demanda empezaron a surgir en 2005, año en el que se creó el “Programa de Eficiencia Energética” (PPEE), con el cual se buscaba consolidar el uso eficiente como una fuente de energía, contribuyendo al desarrollo energético sustentable. Aunque no sería hasta el 2006 que se verían las primeras medidas para gestionar la demanda. Más adelante en 2010 la PPEE se transformó en lo que hoy es la Agencia Chilena de Eficiencia Energética (AChEE), desde entonces se han venido implementando diferentes programas y actividades dentro del país, en las que destacan:
- (2007) Campañas comunicacionales masivas: para la difusión de los beneficios de la eficiencia energética para lograr un cambio cultural en el buen uso de la energía.
- (2013) El Sello de Eficiencia Energética: reconocimiento que premia a las empresas líderes en el desarrollo de la eficiencia a nivel nacional, programa que logró mejorar la competitividad y reducir los costes energéticos.
- (2013) Programa de Iluminación Eficiente: creado con el objetivo de facilitar la transición hacia una iluminación más eficiente en hogares vulnerables.
Por otro lado, se encuentra la Ley 20.936 de 2016 que establece un Nuevo Sistema de Transmisión Eléctrica y crea un Organismo Coordinador Independiente del Sistema Eléctrico Nacional. Mediante esta ley, “se efectúa un nuevo marco regulatorio para los consumidores que presten sus recursos técnicos, con el objeto de preservar la seguridad del servicio energético en el sistema a partir de los SSCC (servicios complementarios)” (Masip, Poque, Ramirez, Valdes, & Valín, 2019). Además, esta ley incorpora la definición de los sistemas de almacenamiento de energía y equipamiento tecnológico, contemplando un sistema capaz de retirar energía desde la red, transformarla en otro tipo de energía y almacenarla, para luego poder inyectarla de nuevo al sistema, de esta manera los programas de almacenamiento son un elemento indispensable para brindarle flexibilidad al sistema y ser instrumento de DSM.
Otro aspecto relevante de la legislación chilena respecto a programas de DSM es la Ley 21.118 de 2018 la cual modifica la Ley General de Servicios Eléctricos, en esta se establece que los usuarios finales que estén sujetos a fijación de precios que dispongan de su propio consumo de equipamiento de generación por medios renovables no convencionales o de instalaciones de cogeneración, de manera colectiva o individual, pueden inyectar la energía generada a la red de distribución, incentivando así el desarrollo de generadoras residenciales.
Cabe destacar que en la hoja de ruta del Ministerio de Energía chileno se fijó como meta para el 2050 explotar el potencial del sector público, comercial y residencial para aprovechar su capacidad de generación distribuida y gestión de la demanda eléctrica, de esta manera se busca entregar flexibilidad y elasticidad al sistema, así como incrementar la eficiencia, competitividad y sostenibilidad. Por lo que se espera que durante las siguientes décadas el sistema energético chileno tenga un crecimiento en la implementación DSM. Para alcanzar esta visión al 2050, la Política Energética se sustenta en cuatro pilares: Seguridad y Calidad de Suministro, Energía como Motor de Desarrollo, Compatibilidad con el Medio Ambiente y Eficiencia y Educación Energética; Los planes de acción, metas adicionales y actores involucrados para el logro de la producción descentralizada y gestión activa de la demanda se encuentran en el marco de Seguridad y Calidad de Suministro bajo el lineamiento 5.
Imagen 1. Detalle de lineamientos, planes de acción, metas y actores Tomado de Energía 2050 Política Energética de Chile
Para finalizar, en febrero del presente año Chile aprobó la Ley 21.305 sobre eficiencia energética, en la que se promueve el uso racional y eficiente de los recursos energéticos para contribuir a mejorar la productividad, competitividad económica y calidad de vida de las personas, además de reducir las emisiones contaminantes. La ley abarca aspectos de eficiencia energética residencial, estándares mínimos y etiquetado de artefactos, eficiencia energética en las edificaciones y el transporte, ciudades inteligentes, entre otros.
Uruguay
Uruguay ha centrado sus esfuerzos principalmente en la generación energética a partir de fuentes renovables, destacándose como uno de los países con una mejor transición energética en Latinoamérica y el mundo. Lo anterior le ha valido diversos reconocimientos, en abril de este año tuvo la mejor posición de Latinoamérica en el índice global elaborado por el Foro Económico Mundial y la consultora Accenture, mientras que en 2019 la Agencia Internacional de Energía (AIE) le calificó como líder de América Latina en producción de energía y cuarto en el mundo en cuanto a niveles de generación eléctrica con fuentes eólica y solar. Cabe destacar que las energías renovables representan hoy poco más del 90% de la matriz de generación en Uruguay.
Por otra parte, la empresa estatal UTE (Administración Nacional de Usinas y Transmisiones Eléctricas) está desarrollando importantes proyectos de redes inteligentes con el fin de optimizar recursos energéticos. Según un comunicado de la presidenta de UTE, Silvia Emaldi, la empresa se encuentra instalando medidores inteligentes para sus clientes, “Llevamos unos 300.000 medidores inteligentes y la idea es que por año instalemos unos 250.000 más para llegar al 2025 a la totalidad del millón y medio de clientes”. Con la implementación de estos equipos se busca que los clientes adopten tarifas horarias para ofrecer precios más convenientes y que permitan una mejor gestión de la demanda.
Otro aspecto relevante que propicia una política energética sostenible en Uruguay es el Plan Nacional de Eficiencia Energética, en este se dictan las líneas de acción para promover la disminución eficiente de la demanda a nivel nacional, para alcanzar la meta de energía evitada, es decir, la energía no consumida como consecuencia de la aplicación de medidas de eficiencia, meta que corresponde a 1.690 kTep1 en el período 2012 – 2024. Es relevante mencionar que El Plan Nacional de Eficiencia Energética se desprende de la Ley N.º 18.597 de Uso eficiente de la energía, aprobada en 2009, en la que se declara de interés nacional el uso eficiente de la energía.
A continuación, se mencionan algunos proyectos e instrumentos generales que se han implementado en Uruguay para promover la eficiencia energética:
- Educar y sensibilizar para promover el cambio cultural: La Dirección Nacional de Energía (DNE) promueve diversas campañas de comunicación, información y educación sobre eficiencia energética (EE), en ocasión a lo anterior se han llevado a cabo en los últimos años campañas de difusión en medios de comunicación masiva, charlas en escuelas, libros, juegos didácticos, obras de títeres y entrega de guías escolares para promulgar la educación energética.
- Certificados de Eficiencia Energética (CEE): certificados a los cuales pueden acceder todos los usuarios de energía o prestadores de servicios de energía que implemente mejoras en eficiencia energética en sus instalaciones.
- Fideicomiso de Eficiencia Energética (FEE): El FEE es un fondo creado para alentar a las empresas a que desarrollen proyectos de eficiencia energética.
- Fondo Sectorial de Energía: el cual busca promover las actividades de investigación, desarrollo e innovación en el área de energía.
México
En México se han llevado a cabo diversos programas orientados a eficiencia energética que se han implementado desde 1980 hasta la actualidad, los principales esfuerzos se han orientado en lograr un mayor impacto a través de mejores prácticas y hábitos de consumo, equipos y sistemas con mayores índices de eficiencia, y el aprovechamiento óptimo de la infraestructura del sistema energético. Bajo estas premisas las instituciones encargadas de los programas de eficiencia energética en México se han centrado en tres líneas:
- La normalización de equipos, productos y sistemas consumidores de energía, para asegurar altos niveles de eficiencia energética.
- Los programas de apoyo a los usuarios finales de energía, que buscan la sustitución de equipos y sistemas de baja eficiencia por otros de mejor desempeño energético.
- Los programas de información y educación a diversos conjuntos de usuarios, para orientarlos hacia las mejores prácticas en el uso de la energía.
En cuanto a las instituciones encargadas, estas han sido la Comisión Nacional para el Ahorro de Energía (CONAE) que se creó en 1989 como organismo público descentralizado dentro de la Secretaría de Energía de México, el cual se encargó de prestar servicios de consulta en materia de ahorro y uso eficiente de energía para las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, los gobiernos de los estados y municipios, y de particulares, cuando estos lo solicitarán. Posteriormente, en 2008 el CONAE fue reemplazado por la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (CONUEE) debido a la entrada en vigor de la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía. La labor principal de la CONUEE es promover la eficiencia energética (EE) en México como órgano técnico en materia de aprovechamiento sustentable de la energía. En adición, la CONUEE ha contado con el apoyo del Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE), el cual fue fundado en 1990. Este último es un organismo privado que se enfoca en llevar a cabo políticas de eficiencia con los usuarios industriales, comerciales, residenciales y servicios municipales.
En cuanto a normatividad y programas de DSM que se han implementado en México se destacan los siguientes:
- Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética (LAERFTE) de 2008: Esta norma regula el aprovechamiento de fuentes de energía renovables y las tecnologías limpias para generar electricidad con fines distintos a la prestación del servicio público de energía eléctrica. A su vez establece la estrategia nacional y los instrumentos para el financiamiento de la transición energética.
- Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía (LASE) de 2008: la cual propicia un aprovechamiento sustentable de la energía mediante el uso óptimo de la misma en todos sus procesos y actividades, desde su explotación hasta su consumo.
- Ley de Transición Energética de2016: la cual regula los mecanismos y procedimientos que permitan la instrumentación de la ley en materia de aprovechamiento Sustentable de la Energía, Energías Limpias y reducción de Emisiones Contaminantes de la Industria Eléctrica.
- Programa Nacional de Sistemas de Gestión de la Energía (PRONASGEn). Programa coordinado por la CONUEE que promueve la aplicación de sistemas de gestión de la energía basados en la norma ISO-50001.
Colombia
En Colombia los inicios de la regulación sobre Respuesta de la Demanda (RD) se dieron en el año 2006 con la Resolución CREG 071, en esta se definían los mecanismos de la demanda desconectable voluntaria (DDV) como parte de los anillos de seguridad del Cargo por Confiablidad, los cuales buscan respaldar las obligaciones de energía firme de las plantas o unidades de generación. Mas adelante en el 2010 mediante la resolución CREG 063 se estableció el esquema de respaldo de demanda desconectable del cargo por confiablidad, en el que se estableció la DDV como un contrato entre el comercializador como representante de un usuario o grupo de usuarios, regulados y/o no regulados, con un generador que tuviera la necesidad de respaldar sus obligaciones de energía firme. Por otra parte, en el 2018 se expide la resolución CREG 098 en la que se adoptan normas para regular las pruebas de disponibilidad de la demanda desconectable voluntaria, entre otras disposiciones de verificación que faltaban en el esquema DDV.
En cuanto a otros programas y normatividades de Respuesta de la Demanda que se han implementado en Colombia están:
- CREG 029/039 de 2016: Esta norma definió un esquema de tarifas diferenciales para establecer los cotos de prestación del servicio de energía eléctrica a usuarios regulados, con el fin de incentivar el ahorro voluntario de energía. Más adelante para ese mismo año, la Comisión expidió la resolución CREG 051 para poner fin a la aplicación del esquema de tarifas diferenciales adoptado mediante la Resolución CREG 029.
- Programa Apagar Paga (2016): Esta medida fue adoptada en el marco de la resolución CREG 029 que buscaba incentivar el ahorro de energía en los usuarios residenciales. Mediante este programa los usuarios finales recibieron un incentivo monetario por reducir el consumo de energía, así mismo, se buscó penalizar a los usuarios que registraron altos consumos de energía. Para verificar el ahorro efectivo se utilizó un período base de referencia con el cual se compararon los períodos posteriores. El programa se implementó como una de las acciones ante el Fenómeno Del Niño 2015-2016.
- CREG 011 de 2015: mediante esta resolución se regula el programa de respuesta de la demanda para el mercado diario en condición crítica. La norma definió que la demanda puede participar en el mercado mediante la presentación de ofertas de cantidad y precio, por otra parte, esta solo puede ser utilizada en un escenario de condición crítica.
- CREG 212 de 2015: Por la cual se realizan algunos ajustes a la Resolución CREG 011 de 2015, programa de respuesta de la demanda para el mercado diario en condición crítica.
- La respuesta a la demanda es definida mediante Ley 1715 de 2014: en la cual se considera la RD como un mecanismo de gestión eficiente de la energía. Adicionalmente, delega a la CREG la definición de normas que incentiven la penetración de la respuesta de la demanda para aplanar la curva de demanda y desplazar consumos.
Por otra parte, el año pasado la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) expidió resoluciones en desarrollo y mejoramiento del programa de Demanda Desconectable Voluntaria, las cuales son la CREG 069 de 2020, sobre ajuste a las reglas sobre pruebas de disponibilidad de los mecanismos modificando la Res. CREG 098, y la resolución CREG 117 de 2020, que trata de flexibilización de la actualización de las fronteras de DDV con línea base de consumo y las pruebas para la DDV, debido a las medidas de confinamiento.
Es importante rescatar que los principales objetivos en la implementación de modelos de respuesta a la demanda en Colombia son: brindar incentivos económicos a quienes reduzcan el consumo de energía y mitigar las posibles afectaciones en el sistema energético nacional ante la presencia de un fenómeno climático.
Para finalizar, es importante mencionar que la comisión también ha venido abarcando aspectos sobre la implementación de la infraestructura de medición avanzada AMI, ya que este es un aspecto clave en los programas de respuesta a la demanda. Mediante la resolución CREG 131 de 2020 se establecieron las condiciones para la implementación de la infraestructura de medición avanzada en el SIN”, norma que está enmarcada dentro de la política de despliegue masivo del gobierno que tiene como meta para el año 2030 que el 75% de los usuarios cuenten con dispositivos AMI.
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